El Estado provincial deberá reincorporar a un exinspector de la Dirección General de Rentas, quien el 12 de marzo de 2004 había sido exonerado por decreto, acusado de pedirle coima a un contribuyente de Trelew a cambio de beneficiarlo en una inspección impositiva. El Superior Tribunal de Justicia decidió que por la falsa imputación, la Provincia también deberá pagarle 350 mil pesos por daño material y otros 130 mil por daño moral.
El hombre que volverá a su empleo es Adrián Hugo Casado. El gravísimo cargo nunca se probó en tribunales y la justicia penal de Trelew lo absolvió. Luego de que la sentencia lo favoreciera, Casado agotó las vías administrativas para anular el decreto 342/04, que lo exoneró. Pero Provincia insistió con su despido.
Casado demandó al Estado ante el Superior. El 4 de diciembre de 2012, los ministros Fernando Royer, Daniel Caneo y José Luis Pasutti le dieron la razón.
El demandante era jefe de Departamento en Rentas. Y fue sumariado por presuntas irregularidades en una inspección al contribuyente de Trelew, Miguel Ángel Fernández, en mayo de 2000. El responsable de ese operativo fue Alejandro Riccioni, también exonerado. Casado lo acompañó en la visita. El comercio era “Estudio Publicitario”, en avenida Eva Perón 1682.
Tras la inspección, Fernández los denunció por pedirle dinero a cambio de determinar menos Ingresos Brutos de los que en realidad debía pagar. Esta queja se convirtió en un rumor entre los empleados de Rentas. Según el contribuyente, tras la inspección Casado lo llamó y le dijo que la liquidación lo beneficiaba por entre 30 y 40 mil pesos. Y que una vez que lo notificaran debía pagarle a él y a Riccioni el 20 por ciento. Si no lo hacía “iba a tener problemas”.
Aseguró que Casado siempre se presentó en su domicilio fiscal como inspector “pero le preguntaba por qué no firmaba un formulario 08 de venta de automotores de un vehículo que Casado compraba en Fiorasi”. Era un Rover 620 color gris. Se interpretó que le pedía ese coche a cambio de beneficiarlo.
Tras la denuncia se ordenó una segunda inspección en agosto para comprobar si los rumores de irregularidades eran ciertos y “a fin de constatar los montos declarados y discriminación de ingresos y gastos”. El entonces director general de Rentas, Enrique Riba, dijo que las diferencias en montos que se detectaron “le hacen presumir una connivencia entre el inspector y el contribuyente”. Ordenó el sumario a los dos agentes.
Para Provincia, la intervención de Casado en el comercio de Fernández había sido irregular ya que los resultados de la inspección impositiva de la que participó “no coinciden con los que después realizó el director de Fiscalización, Jorge Davies”.
Hubo versiones de que los montos tomados por Riccioni y los informados por el contribuyente no se ajustaban a la realidad. “Concluida la segunda verificación se encontró una diferencia con la primera por $22.985,43, que significaba el 76% respecto al determinado en idénticos períodos”. Pero Davies reconocería luego que las diferencias entre ambas liquidaciones eran posibles y dependían de la documental que se revisara. Definió a Casado como “correcto, con contracción al trabajo y dedicación al cargo que cumplía. No detectó actuaciones que no se correspondieran con la ética”.
Además del sumario administrativo, la Provincia inició una causa penal. En ese juicio el contribuyente Fernández se rectificó de su acusación. Se demostró que Casado había comprado el vehículo en la concesionaria Fiorasi SA antes de la inspección.
Casado aclaró que la inspección era responsabilidad de Riccioni y que sólo lo acompañó para una verificación final, facultad que tenía por ser su superior. Casualmente, el 08 del Rover que había comprado debía ser firmado por el mismo contribuyente que luego lo denunció. Aprovechó la inspección para pedirle la firma. “No obstante se trató maliciosamente de adjudicarme responsabilidad”.
Así, quedó involucrado “a raíz de los comentarios respecto de la presunta existencia de un pedido de coima, hecho que en sede penal quedó absolutamente descartado, inclusive por la misma declaración del contribuyente que se desdijo”.
Según su demanda a la Provincia, si la justicia no probó el pedido de coima, “es obvio que no existe conducta antijurídica alguna”. Los testigos supieron del presunto pedido de dinero apenas por comentarios de terceros y no por haberlo visto. Casado “las veces que concurrió no solicitó nada a Fernández ni éste ofreció dinero o algo” a cambio de “arreglar” el monto de la determinación.
Para la Provincia, en cambio, las irregularidades detectadas en las inspecciones “no responden a un mero actuar negligente sino que habría existido clara intencionalidad y de los elementos colectados se desprende la presunta comisión de un delito”. Y es que “uno de los inspectores habría exigido la entrega de una dádiva para cancelar la deuda que mantenía el contribuyente con el Estado”.
Pero según Casado, el decreto 342/04 que lo echó es ilegal por basarse en “hechos inexistentes derivados de dichos de una persona tendenciosa y maliciosa, que intentó perjudicar a los inspectores y no hacerse cargo de su situación como contribuyente moroso y evasor”. Por eso la exoneración es inaplicable: “No cometí ninguna falta grave que perjudique moral o materialmente a la administración”.
Según el Superior, quizás la conducta de Casado fue “antiética” al aprovechar una inspección para una cuestión personal, como pedir la firma de un formulario. “Pero de ningún modo justifica tremenda pena expulsiva. No se demostró de ningún modo que Casado fuera a amenazar o coaccionar al contribuyente para lograr su sencillo propósito”. El propio Fernández reconoció la firma pendiente. Decir que el inspector le “pedía el vehículo” es absurdo ante la evidencia de que el auto fue comprado y vendido a Casado por Fiorasi. “Y sin más, se lo exonera sin demostrar que hubiera faltado a sus deberes”.
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