Caleta sin colectivos desde hace 18 días y los políticos discuten

EL CONCEJAL NAVES DICE QUE CORDOBA BUSCA LIQUIDAR LA EMPRESA Y EL JEFE DE GABINETE ACUSA A COTILLO DE LA DEBACLE
La reanudación del ciclo lectivo exasperó ayer la indignación de quienes necesitan el servicio de colectivos que se encuentra paralizado desde el 13 de julio por la huelga del personal de Urbano. Al “intercambio” de acciones legales y laborales entre el municipio y los choferes, se le suman cruces de acusaciones políticas.


El conflicto se inició por la demora en el pago de la primera cuota del aguinaldo  y se empantanó cuando el intendente José Córdoba tomó la decisión de disolver a la empresa como Sociedad del Estado y transferir al personal directamente al municipio que es el que paga los salarios, exigiendo la devolución de los colectivos. La mayoría de los trabajadores (en total unos 70) bloquearon la terminal y se gestó un intercambio de acciones legales y cruce de acusaciones que ahora proliferan en las estructuras políticas.
Además, la postura de disolver la empresa deber ser avalada por el Concejo Deliberante, donde tres de los cinco concejales, Juan Acuña Kunz (UCR), Víctor Chamorro (UCR) y Juan José Naves  (FVS), ya anticiparon su voto negativo.
Este último edil, si bien es del oficialismo, responde al ex intendente Fernando Cotillo y considera que a través del interventor, Carlos Cabrera, se buscó “precarizarla” hasta que estuviera en una situación de emergencia que sirviera “como excusa para su liquidación”.


“FRIAMENTE 
CALCULADO”
Naves consideró también que “dejar a miles de vecinos sin transporte público en pleno invierno, a los trabajadores sin las condiciones de empleo que venían teniendo y a la empresa en estado ruinoso con la sola finalidad de liquidarla, no es algo que se gestó de la noche a la mañana”.
Tras recordar que en 2011 los colectivos de Urbano SE transportaban un promedio diario de 8 mil pasajeros en 19 unidades (de las cuales sólo 7 están en condiciones de circular), aseguró que “hoy estamos asistiendo a la ejecución de un plan de destrucción del sistema de transporte que la sociedad de Caleta Olivia esperó por décadas para tener y este plan se inició con José Córdoba cuando fue ministro de Gobierno”.
Por otro lado dijo que no se puede entender cómo es posible que una empresa que cumplió con los requisitos para tener acceso  a subsidios nacionales  “hoy esté en semejante estado ruinoso”.
En consecuencia, afirmó que “esto fue claramente un proceso fríamente ejecutado para la destrucción de la empresa; o de lo contrario tengo que pensar que la incapacidad solo los hace recurrir al meter y seguir metiendo gente en la planta del municipio”.


CONTRA COTILLO
En tanto, el jefe de gabinete del municipio, Osvaldo Cabrera, salió en defensa de la postura del intendente Córdoba de liquidar a la empresa, indicando que “es una decisión soberana del Departamento Ejecutivo que a su vez es el único socio que tiene esta Sociedad del Estado”, admitiendo que él se hacía responsable de haber aprobado su conformación cuando ocupó una banca en el cuerpo deliberativo comunal.
No obstante aclaró que cuando se llevó a la práctica la normativa, desde el Departamento Ejecutivo “hicieron lo que quisieron y esto es responsabilidad no solo del ex intendente Fernando Cotillo sino de los tres miembros del directorio que ahora se esconden y no salen a decir los garrafales errores que cometieron”.
Luego, refutando las declaraciones de Naves, dijo que las mismas se hicieron “con una terrible liviandad, sin hacerse cargo de los errores cometidos”, añadiendo que “los que administraron mal se dejaron gobernar por terceros y llevaron la empresa a la quiebra”. 
“Parecería que los que nos llevaron al desastre, quienes nos dejaron más de 200 empleados en diciembre, con los que querían engrosar la planta permanente, hoy creen que son fiscales y levantan los dedos acusadores” aseveró.
Finamente resaltó que “nuestra obligación es plantear soluciones y por ello tomamos el toro por las astas”, indicando que “queremos discutirlas con el Concejo Deliberante”, aunque reparó que salvo los ediles Manuel Aybar y Juan Domingo Cabrera que se acercaron para solicitar información, “el resto no ha llamado y hablan desde el desconocimiento”. 


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